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Podemos quiere hacer de Junts para doblegar a Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. El partido morado, que sabe que es imprescindible en determinados contextos para aprobar leyes, como el que de repente se le ha presentado, quiere aprovechar esa posición de fuerza en el recorrido de la iniciativa pactada por PSOE y Junts que cede a Cataluña competencias sobre inmigración. Exige la regularización de en torno a medio millón de migrantes que están viviendo y trabajando en España. Apuntarse ese hito sería para Podemos todo un espaldarazo en su guerra contra Sumar por el liderazgo de la izquierda alternativa y le daría a Irene Montero una bandera electoral de primera para una hipotética competición en las urnas.
Ione Belarra pone esa exigencia encima de la mesa a cambio de salvar la proposición de ley orgánica que ayer se registró con los logos del PSOE y Junts. Podemos tiene la capacidad por sí mismo de tumbar la iniciativa en el Congreso y, por eso, puede, y quiere, exprimirlo para reivindicarse poniendo un alto precio como pago. Lo es porque esa condición tiene, además, un segundo punto: obligar a Junts a una rectificación de su discurso contra la inmigración. Debe permitir con su voto que esa regularización se aprueba. «Que Junts demuestre que no está en posiciones abiertamente racistas como ha demostrado a lo largo de este año en reiteradas votaciones», señaló ayer Belarra.
Todas las leyes orgánicas necesitan alcanzar la mayoría absoluta del Congreso para ser aprobadas. Es decir, un mínimo de 176 votos. Con las demás basta con que haya más síes que noes. Pues bien, sin Podemos en la ecuación las cuentas no salen. El bloque de la investidura de Sánchez suma 175 sin los cuatro diputados morados. Da igual si estos se abstienen o si votan en contra con PP y Vox porque si no se llega al umbral exigido la iniciativa estará en ambos casos condenada a ir a la papelera.
De ahí que Podemos se frote las manos con la oportunidad que le ha caído del cielo. Ha puesto sus ojos en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)que fue aceptada a trámite por el Congreso el 9 de abril de 2024 y por la cual se darían papeles a medio millón de migrantes que en su mayoría tienen trabajo pero que viven en situación irregular. Esta propuesta duerme en un cajón por la falta de consenso entre los partidos a pesar de que en su día, y por la presión de las ONG, llegó a ser respaldada en su admisión por PSOE y PP. Y también por Junts.
Durante esos 11 meses transcurridos, ha sido recurrente la presión de determinados partidos de izquierdas, entre ellos Sumar, para que esta ILP se desbloquee y pueda avanzar de una vez. Sin embargo, la ley de ayer ha brindado nueva munición.
Podemos disparó primero oponiéndose al pacto del PSOE «con un partido antiinmigración que compite con la ultraderecha catalana». Por esa deriva ideológica de Junts rechazará «darles las competencias en migración». «No se hará con los votos de Podemos», sentenció Belarra.
Después puso los términos de la negociación. Podemos «estará disponible» para hablar sobre las competencias en inmigración, o sea, la ley, si antes se aprueba la ILP de la regularización y si Junts ayuda a conseguirlo. «Junts tiene que demostrar que no quiere estas competencias para lo que todo el mundo está viendo, que es hacer políticas racistas, para aplicar políticas migratorias aún más duras que las que está aplicando el PSOE», advirtió Belarra. Hasta que no estén estas «garantías», Podemos afirma que tumbará la propuesta.
En el mismo sentido, Irene Montero avisó de que los votos de Podemos son «para conquistar derechos, no para que los arreglos del PSOE con Junts le abran la puerta al racismo».
En el PP, sus servicios jurídicos estudian la ley para un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. Alberto Núñez Feijóo recalcó que «las competencias de extranjería, en el control de fronteras y en inmigración, son competencia del Estado». Y lamentó que Pedro Sánchez sea un «florero» en manos de Puigdemont.